Por Christian Román

Desde hace algunas semanas y posterior a las últimas elecciones municipales, de constituyentes y Gobernadores regionales, la clase política nuevamente pone sobre la mesa el debate sobre el voto obligatorio, buscando asegurar una mayor participación electoral;  de hecho, la iniciativa que cambia la voluntariedad del voto a un sufragio obligatorio fue aprobada por amplia mayoría en la cámara de diputados por 105 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones y, pese a que aún quedan algunas etapas legislativas, todo indica que el proyecto terminará siendo aprobado.

Sobre éste punto quiero destacar que es muy importante que el Estado genere las condiciones y entregue las herramientas necesarias para fortalecer nuestro sistema democrático y de cierta manera endose responsabilidades cívicas y morales a los ciudadanos para que colaboren en la mejora permanente de la democracia, sin embargo, considero que el proyecto parte con una concepción errada y muy superficial pues la problemática la aborda bajo reflexiones jurídicas del deber ser del ciudadano y no desde una concepción valórica o desde las libertades políticas de las personas.

Yo soy partidario del voto voluntario, pues considero que es un derecho y no un deber frente al Estado, es más, históricamente se ha consagrado el derecho a votar como una conquista ciudadana como por ejemplo el voto femenino durante los Gobiernos Radicales, además el hecho de que el voto sea voluntario obliga a los candidatos(as) a elevar la calidad política de sus propuestas para motivar la participación y obliga a las instituciones a buscar nuevos mecanismos de participación real y efectiva. Desde este punto de vista considero que es el Estado quien debe generar un mayor valor público a la participación electoral incentivando por ejemplo: feriado legal el o los días de la votación, gratuidad absoluta del transporte público los días de votación, reorganizar los padrones electorales para que cada ciudadano emita su sufragio en el lugar más próximo a su residencia y porque no avanzar hacia medidas más modernas como el voto electrónico.

Es importante comprender que la baja participación electoral no es el problema de fondo, sino la desafección política del ciudadano hacia las instituciones públicas y la poca legitimidad que tiene el sistema político, ejemplo de ello lo encontramos en varios países que tienen voto obligatorio pero mantienen una baja participación electoral. Creo que en vez de buscar el “castigo” a quienes no vayan a votar (que finalmente en la mayoría de los casos no se concreta), enfocaría los recursos humanos y financieros del Estado para generar una mayor y mejor vinculación con las personas, avancemos hacia un sistema de educación cívica permanente durante todas las etapas de enseñanza y no sólo en una asignatura, avancemos hacia la democratización real de los organismos públicos realizando mayores consultas ciudadanas y plebiscitos que generen una incidencia real de las organizaciones sociales en las políticas públicas, volvamos a tener una ley de colegios profesionales que otorgue poder de decisión técnica en materias de ley, avancemos para tener en nuestro país el proyecto de iniciativa popular de ley, generemos el fortalecimiento a las organizaciones de base como JJVV y Clubes deportivos y en general trabajemos para que las instituciones y la clase política restituya la confianza de las personas y por la vía de la libertad individual de cada ciudadano se alcance el reconocimiento y legitimidad necesaria para mantenernos en una democracia con mayor calidad.

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