Por el delito de violación reiterada, amenazas a funcionarios policiales en servicio  y porte ilegal de arma y municiones fue formalizado J.E.M.G, de 66 años, jubilado de Gendarmería que la madrugada de este jueves fue detenido luego de que se parapetara en su vivienda del sector de Curauma y amenazara con un arma a funcionarios de la PDI , tras ser denunciado por el delito de violación.  

En la audiencia , el Fiscal Rodrigo Yañez relató los crudos antecedentes, informando que, el día 31 de julio de 2021, en horas de la mañana y en circunstancias que la víctima se encontraba en la cocina de la vivienda preparando el desayuno, el imputado la abordó por detrás y la llevó a la fuerza a su dormitorio, donde le bajó su pijama la violó; hecho que se repitió este martes 3 de agosto, a las 21 horas, cuando la abordó mientras estaba en la habitación de su hija, llevándola a su cuarto donde nuevamente bajó su pijama y la penetró con fuerza, logrando la joven zafarse de él.  

En el relato de Fiscalía, se informó que el año 2018, mientras el sujeto vivía con su pareja en el domicilio de Curauma, su hija llega a vivir al domicilio en compañía de 2 hijas. Sin embargo, la pareja del imputado abandonó el hogar, mientras que la hija mayor de la víctima se fue a vivir con su abuela, quedando en el hogar el imputado, su hija y la nieta menor.   

En el transcurso de este tiempo, la mujer de 33 años recibía  regularmente atención psicológica en el Cesfam de Placilla y fue en la última consulta, realizada este miércoles, que reveló a su psicólogo que había sido sometida a abuso sexual por parte de su padre desde los 5 a los 18 años, hasta que cortó contacto con su progenitor. Sin embargo,  tras volver al hogar y quedar sola en la vivienda con su padre y su hija menor,  nuevamente fue violada por su padre en 2 ocasiones en los últimos días; razón por la cual desde el recinto asistencial hicieron la denuncia a Carabineros, tras lo cual Fiscalía instruyó la detención del ex gendarme, mientras que la joven fue llevada hasta el Hospital Van Buren para pericias fisiológicas. 

APUNTÓ CON UN ARMA 

Además el fiscal informó que una vez emanada la orden de detención, personal de la PDI concurre pasada la medianoche  al domicilio, donde se identifican mostrando sus placas, tras lo cual el hombre sale a la puerta apuntando con un arma y haciendo un barrido hacia los funcionarios, indicando que no se iba a entregar. Finalmente, tras un  largo y tenso diálogo, lograron ingresar y detenerlo, encontrando en el patio escondida un arma de 9 mm ,  11 cartuchos 38 especial no percutidos, un cargador con 10 cartuchos 9 mm y un arma de fogueo. El arma de 9mm estaba debidamente inscrita, pero en otro domicilio del Cerro Cárcel, en Valparaíso.  

Con ello, el fiscal imputó por los delitos de violación reiterada, amenazas a funcionarios policiales en servicio  y porte ilegal de arma y municiones a J.E.M.G., solicitando la prisión preventiva por el periodo investigativo.  

Por su parte, la abogada Jaqueline Astorga, de la Defensoría Penal Pública, se opuso a la solicitud de prisión preventiva del imputado, desestimando el delito de violación y declarando que “todo el relato descansa solo en la declaración de la hija que entregó al psicólogo del Cesfam”, desestimando además el cargo de amenazas debido a que a  su defendido se le detuvo pasada la medianoche y donde solo llevaban una orden verbal. La abogado informó que su defendido se vio amenazado y no se dio cuenta que eran funcionarios policiales, pero que en cuanto tuvo el conocimiento los dejó ingresar, por lo que solo “habría un error por parte de mi representado respecto de quienes intentaban ingresar a su domicilio pasada la medianoche”.  

 PRISIÓN PREVENTIVA 

Tras escuchar a ambas partes, el magistrado Miguel Sáez determinó que tanto el relato de la víctima como el relato del psicólogo del Cesfam -que ya la había atendido en 17 ocasiones anteriores- y el hecho de que la víctima es hija del imputado y compartían el domicilio, son razones suficientes para determinar la prisión preventiva. En tanto, corroboró imputar por el delito de amenazas a funcionarios policiales, debido a que éstos se identificaron con sus placas al momento de concurrir al domicilio; mientras que por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, le fue suficiente el parte policial.  

Con todos los antecedentes, el tribunal determinó en 120 días el plazo de investigación de la causa, ordenando además que por razones de seguridad atendida a la calidad de ex funcionario del imputado, Gendarmería adopte las máximas medidas de seguridad para trasladarlo al recinto que estime conveniente.  

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