Solo se ha podido identificar al líder, que ofrecía los sitios por internet. “Esta demora genera un estilo de anarquía que no respeta la propiedad. Pero confío en que primará el Estado de Derecho”, dice propietario.

“Busco familia con hijos que deceen (sic) terreno en toma. Son arias (sic) verdes. Terreno que se puede regularisar (sic). Falta familia porque el terreno es grande en Placilla Nuevo”.

Este aviso con tres faltas de ortografía fue publicado en marzo pasado en el grupo de Facebook “Feria de las Pulgas solo Placilla-Valparaíso” por un usuario identificado como “Constructora Rojas-Rojas”.

El mensaje sorprendió, y no solo por razones gramaticales, al ingeniero Kent Johnson (56). Desde hace décadas, él es propietario junto a su familia de los terrenos cuyos lotes eran ofertados por el desconocido. Se ubican junto a la avenida España de esa localidad, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

“No creía posible tal desfachatez: un anuncio en una plataforma pública buscando gente para cometer un delito. Era inimaginable. Estaba enojado, choqueado”, relata Johnson desde Estados Unidos, donde está por razones laborales.

Pocos días antes, el 20 de febrero, un grupo de personas se había tomado varias parcelas del sector, que al final de la avenida España ya venía sufriendo usurpaciones —hoy consolidadas como campamentos— desde hace dos años. La ocupación desató un grave conflicto con vecinos sin casa, ya que una de las parcelas estaba destinada a un proyecto estatal de viviendas sociales que les beneficiaba.

Los afectados cortaron la Ruta 68 exigiendo a las autoridades el desalojo. Como ello no dio resultado, optaron por enfrentarse a los intrusos y expulsarlos con su mismo método: la vía de los hechos, recuerda Johnson.

“Los sacaron a la fuerza porque Carabineros no lo iba a hacer. Pero qué hicieron los desalojados: se pasaron a nuestra propiedad”, relató el ingeniero.

Se trata de tres parcelas de 10 mil metros cuadrados que colindan con los últimos barrios de Placilla de Peñuelas. “Llegaron armados, con palas y picotas, a tomarse los terrenos a la fuerza. No es que se encontraran en la esquina, estaban organizados”, apunta. Hoy suman unas 70 familias ocupantes.

Interpuso una querella penal por violación de morada, usurpación y daños, pues hubo quema y corte de árboles nativos y eucaliptus, cuya madera sirvió para levantar las viviendas; y cortes en el cerro para habilitar accesos. Allí, revelan su nivel de organización: el levantamiento de las casas de material ligero seguía los métodos comunes de la construcción civil, operaban buldózeres e incluso instalaron postes eléctricos, con un medidor y un empalme para suministrar energía al campamento.

Por esto último, temerosos de los riesgos para las poblaciones vecinas de un incendio forestal, interpusieron una denuncia por hurto de energía eléctrica de la que Chilquinta no se ha hecho parte. “Concurrí personalmente a la compañía, pero una funcionaria me dijo que no podían hacer nada porque era una zona conflictiva y necesitaban el apoyo de Carabineros”, detalló.

La compañía afirmó a “El Mercurio” que han emprendido diferentes y continuas acciones para impedir la conexión irregular y que han dado cuenta a la autoridad de los límites que enfrentan para resolver estas situaciones, dada la gran cifra regional de campamentos.

Pese a que quien ofrecía los lotes está identificado y tiene antecedentes penales, la causa sigue desformalizada. En agosto pasado la fiscalía consiguió una orden judicial para empadronar a los ocupantes, lo que la víctima requiere para iniciar acciones civiles, pero hasta ahora sigue sin saber sus nombres. La PDI dijo a este diario que cumplió la diligencia y hace una semana entregó el informe final.

Johnson sigue optimista: “Esta demora genera un estilo de anarquía que no respeta la propiedad. Pero confío en que primará el Estado de Derecho y los vamos a desalojar”.

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